SE ADMITE COMO PRUEBA PARA EL DESPIDO LAS IMÁGENES DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

LA JUSTICIA SOCIAL ADMITE COMO PRUEBA PARA EL DESPIDO EL USO DE LAS IMÁGENES CAPTADAS POR LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA – Doctrina del Tribunal Constitucional: Sentencia del TC del ‘caso Bershka’ Pleno. Sentencia 39/2016, de 3 de marzo de 2016. Recurso de amparo 7222-2013.

PRUEBA PARA DESPIDO LAS IMÁGENES DE VIDEOVIGILANCIA

El Pleno del Tribunal Constitucional dictó una sentencia de 3 de marzo de 2016 que establece que la instalación por Bershka en la entrada de uno de sus establecimientos del distintivo informativo de «Zona videovigilada» regulado por la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos cumple con la obligación de informar al trabajador de la instalación de dichos sistemas. Por ello, estipula que la obtención a través de cámaras de videovigilancia de imágenes justificativas del despido del trabajador cumple con los requisitos legalmente previstos para la captura y tratamiento de esos datos, pues se han utilizado para la finalidad de control de la relación laboral exigida.

Según el Constitucional, este fallo tiene especial trascendencia constitucional, pues le permite aclarar su doctrina en relación con el uso de cámaras en la empresa, para aclarar el alcance de la información a facilitar a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la compañía. Así, concluye que es suficiente la información general, en contra de anteriores pronunciamientos (Sentencia 29/2013, de 11 de febrero) en los que establecía la necesidad de información específica.

Para el Constitucional, en su última sentencia del Pleno, la instalación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo no requiere del consentimiento del trabajador, pero sí que se le informe, aunque sea de forma genérica.

Considera que el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario. Eso sí, subraya la necesidad de proporcionalidad A partir de esta sentencia, el Tribunal Constitucional entiende que tan sólo es necesario que los trabajadores tengan conocimiento de la existencia, ubicación e instalación del sistema de videovigilancia pero no de que pueden tener una finalidad disciplinaria.

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